PUBLICIDAD OBSERVADOR CENTRAL

casas provisa

 

Por: Leopoldo Tlaxalo Jaramillo

 

Para  que la vida en común sea posible y pueda desarrollarse por un sendero del orden, para  evitar el caos en la sociedad, es indispensable que exista una regulación que encauce y dirija esta vida en común, que norme las relaciones humanas sociales ; es menester que exista un derecho, concebido formalmente como un conjunto de normas de vinculación bilateral, imperativas, obligatorias y coercitivas. El derecho es inseparable de toda convivencia humana, que sin él sería imposible.  derechos humanos.

Los derechos humanos se traducen en imperativos, éticos emanados de la naturaleza del hombre que se traducen en el respeto a su vida, dignidad y libertad en su dimensión de persona o ente. Los derechos humanos son la base y el objeto de las instituciones sociales, por lo que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución.

En México desde 1857 los derechos humanos se encuentran reconocidos y protegidos por el orden constitucional frente a todos los actos de autoridad en que se ejerce el poder público del Estado. Su protección se reiteró mediante la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, establecida por decreto presidencial. el 6 de junio de 1990.  Diariamente y con insistencia oímos hablar de los derechos humanos en todos los medios de comunicación. En círculos políticos y en conversaciones cotidianas se hace mención de ellos y se imputa su violación a múltiples autoridades de diversa categoría, materia y competencia. Existen en México una Comisión Nacional y varias comisiones estatales encargadas de su preservación.

¿Qué son los Derechos Humanos? ,¿Todos los derechos subjetivos de la persona son derechos humanos?, ¿Estos son ilimitados y corresponden a cualquier individuo? Los derechos humanos son inalienables e imprescriptibles.  

La declaración universal de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.

La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona humana, nadie puede ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado y de que todo hombre se presume inocente mientras no se pruebe su culpabilidad.

El hombre es un sujeto de imputación de derechos y deberes frente a la sociedad o colectividad a que pertenece. Ejercer sus derechos, cumplir sus deberes. Los individuos que componen la sociedad y que hacen del delito su modus vivendi serán verdaderos hombres titulares de derechos humanos. No obstante la grave damnificación social que cause su conducta. Estos sujetos inadtadables a la vida social y en permanente peligrosidad contra la colectividad no merecen ser sujetos de Derechos Humanos aunque la Constitución y la Ley no hagan este distingo.

Generalmente el individuo suele desempeñar la actividad que más esté de acuerdo con su idiosincracia, inclinaciones naturales e innatas. Libertad de trabajo.- Facultad que tiene el individuo de elegir la ocupación que más le convenga para conseguir sus fines vitales para el logro de su felicidad o bienestar. Cuando al hombre le sea impuesta una actividad que no se adecúe a la teleología que ha seleccionado, no sólo se le imposibilita para ser feliz y desenvolver su propia personalidad, se le convierte en un ser abyecto y desgraciado. "A ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, comercio, industria, trabajo que le acomode siendo lícitos.

Todo aquel trabajo que es ilícito no queda protegido por la garantía individual.

La libre expresión de las ideas (artículo 6o. constitucional) La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. La libre manifestación de las ideas, pensamientos u opiniones constituye uno de los factores indispensables para el progreso cultural y social. La degradación del hombre proviene del silencio obligatorio que se le impone,de la prohibición de que externe  sus sentimientos, ideas, opiniones, constriñéndolo a conservarlo en su fuero íntimo.

Un pueblo integrado por individuos condenados a no manifestar sus pensamientos será siempre servil y abyecto, incapaz de experimentar ningún progreso cultural. Cuando se coarta la manifestación del pensamiento vedándose las polémicas conversaciones, los discursos, se prepara para la sociedad humana el camino de la esclavitud espiritual que trae consigo su ruina moral. La libertad de expresión es la amenaza que más temen los autócratas y oligarcas de cualquier tipo contra el mantenimiento coactivo y represivo del Estado de cosas que se empeñan por conservar.

 

DDHH

Al nacer, toda persona adquiere ciertos Derechos Humanos que deben ser respetados. Se les llama derechos, porque son acciones que se te permite hacer, tener o ser. Los Derechos Humanos existen para proteger a los seres humanos de otras personas que pudieran tener intenciones de dañar, herir o atropellar los Derechos Humanos de sus semejantes. Otra razón por la que exisiten los Derechos Humanos es para ayudarnos a llevarnos bien unos con otros y que las relaciones entre seres humanos estén basadas en los principios de respeto y valores. Se hicieron para que vivamos en paz y armonía unos con otros.

Hay 30 Derechos Humanos que están contenidos en un documento llamado La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual fue creada en 1948 por las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas (ONU) nacieron en 1945 , poco después de que terminara la Segunda Guerra Mundial.Su objetivo es llevar paz a todo el mundo. En la actualidad 192 países son miembros de las Naciones Unidas. Los Derechos Humanos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos son los siguientes:

 

 

1.- Todos hemos nacido libres e iguales.- Todos hemos nacido libres. Todos tenemos nuestros propios pensamientos e ideas, y todos deberíamos ser tratados de la misma manera. Este derecho se viola cuando hay personas que consideran que no somos libres de realizar ciertas actividades o cuando piensan que no somos iguales a las demás personas por nuestra condición social, orientación sexual, etnia, raza, religión, color de piel o cualquier situación que nos haga parecer ante los ojos de la ciudadanía como diferentes. Cuando no nos consideran iguales a los demás, nos tratan diferente y es ahí donde nace la discriminación.

2.- Derecho a no ser discriminado.- Este derecho pertenece a todos, sin importar nuestras diferencias. Tenemos el derecho a no ser discriminado, pero desafortunadamente vivimos en un país que discrimina a los seres humanos por ser diferentes al resto de la sociedad humana. Al discriminar, la persona que lo hace se hace acreedora a una sanción, pero con frecuencia se aprecia que las víctimas de la discriminación no tienen los conocimientos para saber que están cometiendo en su contra un delito, el cual debe ser sancionado conforme a la Ley. De la ignorancia de los individuos discriminados se aprovechan los que ejercen la discriminación en contra de seres a los que ellos consideran inferiores.

3.- Derecho a la vida.- Todos tenemos el derecho a la vida y a vivir siendo libres y teniendo seguridad. El derecho a la vida se violenta, dicen los especialistas, con el derecho que tiene la mujer al aborto en determinadas circunstancias. La iglesia, los grupos conservadores y otros sectores están en contra del aborto por considerar que todos tenemos derecho a la vida desde el momento de la concepción.

4.-  Derecho a la no esclavitud.- Nadie tiene derecho a convertirnos en esclavos, ni nosotros podemos hacer a nadie nuestro esclavo. La esclavitud dejó de existir hace muchos años, pero todavía hay muchos patrones que tratan a sus empleados como esclavos y lo peor es que ellos lo permiten por conservar un trabajo que les permite cubrir sus necesidades básicas con el sueldo que perciben. La relación entre esclavo y amo es muy común entre empleado y jefe, pero el empleado debe tener el conocimiento que su vida no le pertenece a su jefe, que tan sagrado es el dinero de su patrón como valioso es su trabajo.

5.- Derecho a la no tortura.- Nadie tiene ningún derecho a dañarnos o torturarnos. Desafortunadamente el derecho a la no tortura lo violan las autoridades ministeriales cuando detienen a un individuo y en su lucha porque les confiese que ellos son culpables de los delitos de los que se le acusa, lo torturan tanto física como psicológicamente. En casos extremos la tortura puede costarle la vida al individuo. Actualmente las leyes protegen al supuesto delincuente y no permiten que éste sea torturado, pero hay muchos casos en los que lo torturan sin que éste pueda defenderse legalmente por desconocimiento de las leyes que actualmente rigen este país.

6.- Tienes Derechos a donde quiera que vayas.- ¡Soy una persona igual que tú y mis derechos son válidos en cualquier lugar al que vaya, ya sea del país o del extranjero, por lo que tienen que ser respetados.

7.- Todos somos iguales ante la Ley.- La Ley es la misma para todos y debe tratarnos a todos con justicia. Desafortunadamente aunque la ley diga que todos somos iguales en la práctica no es así, pues se ve como los encargados de impartir justicia tratan diferente a las personas por su condición social o estatus económico, lo cual es una violación a sus derechos humanos.

8.- La Ley protege tus Derechos Humanos.- Todos tenemos el derecho de pedir a la Ley que nos ayude cuando hemos sido tratados injustamente.

9.- Tenemos derecho a no ser detenidos injustamente.-Nadie tiene el derecho de meternos a la cárcel sin una buena razón y de mantenernos encarcelados o de echarnos de nuestro país. Este derecho que tiene el individuo es violentado en muchas ocasiones, pues en las cárceles mexicanas están llenas de historias de gente poderosa y con cierto poder adquisitivo que encierran en la cárcel o detienen a pobres inocentes como venganza por una acción cometida, consciente o inconscientemente por el acusado. Tampoco nadie tiene derecho a echarnos de nuestro país sin una justificación válida.

10.- El derecho a un juicio.- Si se nos lleva a juicio tiene que ser en público. Las personas que nos juzgan no deben permitir que alguien más les diga qué hacer.

11.- Somos inocentes hasta demostrar lo contrario.- A nadie se le puede acusar de haber hecho algo, sino hasta que se pruebe que lo hizo. Cuando alguien nos acusa de haber hecho algo incorrecto, tenemos el derecho de demostrar que eso no es verdad.

12.- Derecho a la privacidad. Nadie debería tratar de dañar  nuestra reputación, entrar en nuestra casa, abrir nuestras cartas, revisar nuestras pertenencias o molestarnos a nosotros o a nuestra familia sin una buena razón para ello. También se ve como las autoridades ministeriales violan este derecho de los ciudadanos cuando los policías se introducen a las casas sin una orden de cateo y revuelven todos los objetos de una persona. Nadie tiene derecho a revisar nuestras pertenencias, pero siempre hay alguien que lohace sin nuestro consentimiento.

13.- Libertad de movimiento.- Todos tenemos el derecho de ir a donde queramos en nuestro propio país y de viajar a donde deseemos.

14.- Derecho de buscar asilo.- Si tenemos temor de ser tratados mal en nuestro propio país, tenemos el derecho de irnos a otro país para estar seguros.

15.- Derecho a una nacionalidad.-Todos tenemos el derecho de pertenecer a un país.

16.- Derecho al matrimonio y la familia.- Toda persona adulta tiene el derecho de casarse y formar una familia si así lo quiere. Hombres y mujeres tienen los mismos derechos, tanto cuando están casados como cuando se separan.

17.- Derecho a tus propias posesiones.- Toda persona tiene el derecho a tener sus propias cosas o a compartirlas. Nadie deberá tomar lo que nos pertenece sin una razón justa.

18.- Libertad de pensamiento.- Todos tenemos el derecho de creer en lo que queramos creer, de tener una religión o de cambiarla si así lo queremos.

19.- Libertad de expresión.- Todos tenemos el derecho de pensar por nosotros mismos, de pensar lo que nos gusta, de decir lo que pensamos y de compartir nuestras ideas con otras personas.

20.- Derecho a reunirse en público.- Todos tenemos el derecho de reunirnos en público con nuestros amigos y de trabajar juntos en paz para defender nuestros derechos. Nadie nos puede obligar a unirnos a un grupo al que no queremos unirnos.

21.- Derecho a la democracia.- Todos tenemos el derecho de participar en el gobierno de nuestro país. A todo adulto se le debe permitir elegir a sus propios líderes.

22.- Seguridad Social.- Todos tenemos derecho a tener una vivienda asequible, a cuidados médicos, educación, guardería infantil, suficiente dinero para vivir y atención médica si estamos enfermos o somos mayores.

23.- Derechos de los Trabajadores.- Todo adulto tiene el derecho de trabajar, cobrar un sueldo justo por su trabajo y a unirse a un sindicato.

24.- Derecho a jugar.- Todos tenemos el derecho de descansar de nuestro trabajo y disfrutar del tiempo libre.

25.- Comida y alojamiento para todos.- Todos tenemos el derecho de tener una vida de un nivel aceptable. Madres y niños, gente mayor, personas discapacitadas, desempleadas o con limitaciones físicas, todos tienen el derecho de recibir cuidados.

26.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho. La escuela primaria debería ser gratuita. Debemos aprender acerca de las Naciones Unidas y a cómo llevarnos bien con los demás. Los padres pueden elegir lo que sus hijos deben aprender.

27.- Derechos de autor.- El derecho de autor es una ley especial para proteger la creación artística o literaria de una persona. Nadie puede copiar nuestro trabajo sin permiso. Todos tenemos el derecho a llevar nuestro propio modo de vida y a disfrutar de las cosas buenas que el arte, la ciencia y la enseñanza nos brindan.

28.- Derecho a un mundo justo y libre.- Todos tenemos el derecho de que exista un nivel de orden apropiado para que podamos todos disfrutar de estos derechos y libertades en nuestro país y en todo el mundo.

29.- Responsabilidad.- Nosotros tenemos deberes hacia otras personas y debemos proteger sus derechos y libertades.

30.- Nadie puede arrebatarte tus Derechos Humanos.

Sobre los antecedentes de los Derechos Humanos, podemos decir que originalmente las personas tenían derechos sólo por pertenecer a un grupo, como una familia o clase social. En el año 539 A.C. , Ciro el Grande, tras conquistar la ciudad de Babilonia, hizo algo totalmente inesperado: liberó a todos los esclavos y les permitió volver a su casa. Aún más, declaró que la gente tenía derecho a escoger su propia religión. El cilindro de Ciro, una tablilla de arcilla con estas proclamaciones inscritas, se considera la primera declaración de Derechos Humanos en la historia.

La idea de los Derechos Humanos se difundió rápidamente hasta India, Grecia y finalmente Roma. Los avances más importantes desde entonces incluyen:

1215: La Carta Magna, que dio a la gente nuevos derechos e hizo que el rey estuviera sujeto a la Ley.

1628: La petición de Derechos, que estableció los derechos de la gente.

1776: La declaración de Independencia de Estados Unidos, que proclamaba el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.

1787: La Constitución de Estados Unidos de América, es la ley fundamental del sistema de gobierno federal estadounidense y define los derechos básicos de los ciudadanos.

1789: La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento francés que establecía que todos los ciudadanos son iguales ante la Ley.

1971: La Carta de Derechos de Estados Unidos,  lmitando los poderes del gobierno federal de Estados Unidos y protegiendo los derechos de todos los ciudadanos, residentes y visitantes en territorio estadounidense.

1864: La Primera Convención de Ginebra, estableciendo las normas para las leyes internacionales.

1948:La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el primer documento que proclama los 30 Derechos Humanos que corresponden a todo ser humano.

 

Algunos de los derechos humanos a los que pueden acceder los individuos son los derechos políticos, que tienen que ver con la participación del individuo en la toma de decisiones que hacen los diputados tanto locales como federales, los senadores y el cuerpo edilicio del municipio donde reside el individuo, pero desafortunadamente a la ciudadanía no le piden su opinión cuando hay iniciativas que se aprueban o desaprueban y que benefician o perjudican a la sociedad. Esto representa una violación a sus derechos humanos, pues se les debe consultar sobre las decisiones que tomará la clase política, pero los ciudadanos son ignorados, no se toma en cuenta su opinión  porque desafortunadamente la mayoría de las iniciativas que presentan los diputados, senadores y el cuerpo edilicio son creadas y pensadas para que se beneficie un sector de la población de alto nivel adquisitivo y rara vez piensan en crear iniciativas o reformas que beneficien al grueso de la población, es decir, la gente de escasos recursos, que no pueden acceder a la educación, a los servicios de salud y a todos aquellos servicios a los que si accede la clase política.  Ni siquiera se hacen consultas ciudadanas para saber que tan de acuerdo están los individuos con ciertas iniciativas o reformas, tampoco le proporcionan al ciudadano la suficiente información para que aprecie que tanto le afecta o beneficia determinada reforma. A la clase política le conviene que la gente ignore todo aquello que tiene derecho a saber porque conocimiento es poder. Entre más ignorante, inculta y sin preparación académica sea la ciudadanía, mejor para los políticos porque podrán dominar y manejar a su antojo a la raza de bronce sabiendo que no tendrá los conocimientos ni la valentía para defender sus derechos ante una clase política que le ha hecho mucho daño a los ciudadanos que votaron por ellos en las urnas electorales.  Las autoridades actúan frente a los ciudadanos como si ellos fueran los jefes y nosotros los empleados cuando la realidad es totalmente inversa, pues nosotros somos los jefes de los políticos porque el dinero de su sueldo sale de nuestros impuestos, pero a ellos no les conviene verlo de esa manera ni darle poder al pueblo porque saben que una sociedad informada es una sociedad que tendrá la preparación suficiente para conocer sus derechos y defenderse cuando alguien intente violarlos.  

 

Debería existir la libertad e igualdad de todos los hombres, que todos tengan la libertad de acceder a la educación, a la salud y a ser considerados para un puesto de elección popular, pero en la práctica no es así. No todos tienen la libertad de acceder a las mismas oportunidades laborales, los limita el hecho de que en algunos trabajos no se admite a la gente más capacitada, sino a aquellos que son recomendados por alguien aunque no tengan la capacidad para desempeñarse en el cargo. Estas historias de desigualdades se repiten todos los días en México.

En el reporte sobre la discriminación en México 2012, el Consejo Nacional para Prevenir la discriminación define a los derechos políticos como aquellos derechos fundamentales que reconocen y garantizan a la ciudadanía la participación en la toma de decisiones públicas, con lo que deducimos que el Estado también debe respetar, considerar e incentivar las opiniones en la toma de las decisiones y manejo del gobierno. 

Por su parte la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, se pronuncia sobre el derecho de involucrarse en las decisiones del poder cuando en su artículo 23: 

 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

 a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos.

Los derechos políticos en la Constitución Mexicana se encuentran consagrados a lo largo de su texto en diferentes preceptos y principios inmersos en su interior. El derecho de igualdad es uno de ellos, éste es abordado en apartados 1°; primer y último párrafos, 2°; apartado B, 4°, 13, 14, 17 y  31 fracción IV. 

Otros como, el derecho de votar y ser votado, se expresa en los artículos 35 y 36 del mencionado texto. El derecho de petición, en el octavo. De libertad de expresión y acceso a la información, en el sexto. De prensa en el séptimo y finalmente el de reunión en el décimo. Esta lista cumple la función de ilustrar más no es definitiva, existe una lista más amplia que sigue evolucionando a la par de la sociedad. 

Ahora bien, dentro de los derechos políticos, ha emergido como sub derecho el de consentimiento de los impuestos y control del gasto público, que podemos sustentarlo en tres apartados constitucionales; 6° que faculta al individuo a expresar sus ideas, el 35 que establece como derecho el de decidir con su voto a las autoridades que gobiernan y el 134 que sostiene: 

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Con la finalidad de aclarar el citado precepto rescatamos el criterio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expresado al respecto en la Controversia constitucional 55/2008 donde establece el siguiente criterio: 

GASTO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ELEVA A RANGO CONSTITUCIONAL LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ EN ESTA MATERIA. Del citado precepto constitucional se advierte que el correcto ejercicio del gasto público se salvaguarda por los siguientes principios: 1. Legalidad, en tanto que debe estar prescrito en el Presupuesto de Egresos o, en su defecto, en una ley expedida por el Congreso de la Unión, lo cual significa la sujeción de las autoridades a un modelo normativo previamente establecido. 2. Honradez, pues implica que no debe llevarse a cabo de manera abusiva, ni para un destino diverso al programado. 3. Eficiencia, en el entendido de que las autoridades deben disponer de los medios que estimen convenientes para que el ejercicio del gasto público logre el fin para el cual se programó y destinó. 4. Eficacia, ya que es indispensable

contar con la capacidad suficiente para lograr las metas estimadas. 5. Economía, en el sentido de que el gasto público debe ejercerse recta y prudentemente, lo cual implica que los servidores públicos siempre deben buscar las mejores condiciones de contratación para el Estado; y, 6. Transparencia, para permitir hacer del conocimiento público el ejercicio del gasto estatal3. 

Con relación al mismo tema, tratemos a colación que el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo aprobó la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública con la finalidad establecer criterios guías en el manejo de los gobiernos de los países miembros. 

Cabe mencionar que dicho organismo se instituyó en el año 1972 bajo la iniciativa de los gobiernos de México, Perú y Venezuela contando con el respaldo de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 2845 – XXVI con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social.4

2.- Derecho humano emergente a una buena administración pública

En el preámbulo de la mencionada carta se establece que ahora los ciudadanos ya no son sujetos inertes, simples receptores de bienes y servicios públicos; son protagonistas principales de los asuntos de interés general y disponen de una serie de derechos, siendo el fundamental el derecho a una buena Administración Pública, a una Administración Pública que promueva la dignidad humana y el respeto a la pluralidad cultural5.

También en la introducción de dicho documento se establece que la administración pública tiene como finalidad última servir con objetividad al interés general 6 de lo cual podemos deducir a contrario sentido que se tiene que alejar de defender privilegios particulares. Con relación al manejo de los recursos nos dice: 

Por el contrario, los Poderes Públicos deben salir al encuentro de los ciudadanos para que de forma integrada y armónica se realice la gran tarea constitucional de la construcción democrática, profundamente humana, solidaria y participativa, de las políticas públicas.

El principio de eficiencia obliga a todas las autoridades y funcionarios a optimizar los resultados alcanzados en relación con los recursos disponibles e invertidos en su consecución en un marco de compatibilidad con la equidad y con el servicio objetivo al interés general.7

Al ser nuestro país miembro de fundador de este organismo internacional se espera que las autoridades consideren los principios consagrados en este instrumento y puedan hacer exigible el derecho a una eficiente administración pública con lo que están facultado para poder exigir de las autoridades, funcionarios, agentes, servidores y demás personas al servicio de la Administración Pública, actuaciones caracterizadas siempre por el servicio objetivo al interés general y consecuente promoción de la dignidad humana8

Estos derechos son de vital importancia en el desarrollo de las nuevas sociedades modernas y democráticas que buscan garantizar el máximo cumplimiento de los derechos humanos. Al mismo tiempo que tienen una vinculación directa con la capacidad que el gobierno tiene para cumplir con las obligaciones de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. 

Es importante considerar que el control del gasto público es trascendental en materia de derechos humanos pues de su eficiente manejo dependerán las posibilidades que para que para proteger, promover y garantizarlos tenga el Estado Mexicano sobre todos los económicos, sociales y culturales (DESC) pues su efectividad dependerá de la situación económica imperante que por obviedad está ligada a la calidad de la administración pública. 

3.- Los derechos económicos sociales y culturales en relación con una buena administración pública

Cabe recordar que todos los derechos humanos están protegidos por la constitución y los tratados internacionales de los que el estado mexicana sea parte tal como lo dice el primer artículo de nuestra Ley Suprema. Al respecto, rescatamos el tercer párrafo que expresa: 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.9

. Dentro de los derechos humanos que el Estado Mexicano se compromete a garantizar su efectivo cumplimiento, se encuentran los DESC, llamados derechos humanos de segunda generación, que enfrenta el problema de la disponibilidad de los recursos económicos, que su carencia en la mayoría de las ocasiones se utilizan como justificante para su incumplimiento. 

Por su parte la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo segundo establece que los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades10. En el mismo sentido el apartado 26 se expresa al respecto: 

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados

Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.11

Como vemos los tratados internacionales en materia de derechos humanos establece que se tienen que hacer los arreglos pertinentes en las administraciones públicas para cumplir la obligación con respecto a los DESC. De igual manera, el precepto analizado refiere que el cumplimiento es progresivo y en la medida de los recursos lo cual es tomado como alegato por parte de los gobierno. 

Por su parte el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución el 16 de diciembre de 1966 en su artículo segundo nos da una visión complementaria cuando afirma: 

Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.12

Rescatamos la expresión hasta el máximo de los recursos disponibles, lo cual podría conseguirse administrando eficientemente o reasignando partidas presupuestarias a un nuevo concepto o crear un plan de acción, por medio del cual se logre la efectividad de derecho en cuestión.   

En el caso de nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia del amparo en revisión 378/2014 estableció un criterio sumamente progresista en materia de DESC al estipular que cuando el Estado mexicano aduzca falta de recursos para su cumplimento tendrá que comprobar dicha situación y acreditar que ha realizado todos los esfuerzos posibles para utilizar los recursos que están a su disposición para lograr ese objetivo.13 

4.- La proporcionalidad en el manejo de los recursos públicos y el derecho humano al control del gasto público

Resulta evidente que una administración pública poco eficiente en el manejo de los recursos públicos tendrá complicaciones para el cumplimiento efectivo de los Derechos Económicos Sociales y Culturales pues no habrá realizado su máximo esfuerzo. Como en ejemplo tenemos el dispendio que se hace en el pago de las pensiones, compensaciones y servicios que se brindan a los ex presidentes que esta fuera de proporción con lo que perciben los ciudadanos “de a pie” en nuestro país e incluso con los que perciben ex mandatarios de naciones tan poderosas como Estados Unidos. 

Si en el manejo de los recursos públicos encontramos casos tan desproporcionales de gasto, el gobierno no está siendo eficiente lo que de manera indirectamente está violentando los DESC. 

El diccionario en línea de la Real Academia de la Lengua Española define la desproporción como falta de la proporción debida14 y es decir, que no existe disposición, conformidad o correspondencia debida de las partes de una cosa con el todo o entre cosas relacionadas entre sí.15  

Entonces, el principio de proporcionalidad tiene su base o fundamento valorativo en el orden constitucional, en tanto se convierte en el criterio de equilibrio o modulación entre las acciones que el Estado realiza en el cumplimiento de sus fines y el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana.

En el caso concreto de nuestro país, el Máximo Tribunal al resolver el Amparo directo en revisión 4836/2014 da claridad jurídica al principio de igualdad nos muestra indicios del de proporcionalidad que está inmerso en éste: 

PRINCIPIO GENERAL DE IGUALDAD. SU CONTENIDO Y ALCANCE. El principio de igualdad tiene un carácter complejo al subyacer a toda la estructura constitucional y se encuentra positivizado en múltiples preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que constituyen sus aplicaciones concretas, tales como los artículos 1o., primer y último párrafos, 2o., apartado B, 4o., 13, 14, 17, 31, fracción IV, y 123, apartado A, fracción VII. Esto es, los

artículos referidos son normas particulares de igualdad que imponen obligaciones o deberes específicos a los poderes públicos en relación con el principio indicado; sin embargo, estos poderes, en particular el legislativo, están vinculados al principio general de igualdad establecido, entre otros, en el artículo 16 constitucional, en tanto que éste prohíbe actuar con exceso de poder o arbitrariamente. Ahora bien, este principio, como límite a la actividad del legislador, no postula la paridad entre todos los individuos, ni implica necesariamente una igualdad material o económica real, sino que exige razonabilidad en la diferencia de trato, como criterio básico para la producción normativa. Así, del referido principio derivan dos normas que vinculan específicamente al legislador ordinario: por un lado, un mandamiento de trato igual en supuestos de hecho equivalentes, salvo que exista un fundamento objetivo y razonable que permita darles uno desigual y, por otro, un mandato de tratamiento desigual, que obliga al legislador a prever diferencias entre supuestos de hecho distintos cuando la propia Constitución las imponga. De esta forma, para que las diferencias normativas puedan considerarse apegadas al principio de igualdad es indispensable que exista una justificación objetiva y razonable, de acuerdo con estándares y juicios de valor generalmente aceptados, cuya pertinencia debe apreciarse en relación con la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo concurrir una relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida. 16

Destacamos que nuestro Máximo Tribunal señala que para no violentar el principio de igualdad debe existir proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida misma que tiene que justificarse con un interés público en caso de violentarse. De igual manera criterios internacionales han señalado que la desproporcionalidad sólo se puede dar cuando no haya otra alternativa pues es un principio necesario en una sociedad democrática. 

Por su parte la Corte Interamericana de Derechos humanos en la opinión consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985 estableció que la desproporcionalidad sólo puede darse cuando se busque satisfacer un interés público imperativo que la justifique.

Es importante destacar que la corte europea de derechos humanos al interpretar el artículo 10 de la convención europea, concluyó que "necesarias", sin ser sinónimo de "indispensables", implica la "existencia de una" necesidad social imperiosa" y que para que una restricción sea "necesaria" no es suficiente demostrar que sea "útil", "razonable" u "oportuna". (eur. court h. r., the sunday times case, judgment of 26 april 1979, series a no. 30, párr. no. 59, págs. 35-36). esta conclusión, que es igualmente aplicable a la convención americana, sugiere que la " necesidad " y, por ende,

la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión fundadas sobre el artículo 13.2, dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho protegido. dado este estándar, no es suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un propósito útil u oportuno; para que sean compatibles con la convención las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que el artículo 13 garantiza y no limiten más de lo estrictamente necesario el derecho proclamado en el artículo 13. es decir, la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo.17 

5.- Conclusión

La tesis que se analizó y sostiene en el presente trabajo es que el Estado Mexicano al no contar con una administración pública eficiente limita los derechos económicos sociales y culturales más cuando repite la conducta con respeto al derecho al consentimiento de los impuestos y control del gasto público. 

Tratamos de mostrar que al violentar un derecho político indirectamente afecta la esfera de otros más como lo son el emergente a una administración pública eficiente trayendo con ello toda una serie de afectaciones a los derechos económicos, sociales y culturales que para su efectividad requiere de recursos económico que son los primeros afectados ante la ineficiencia y desproporcionalidad del gasto. 

FUENTES CONSULTADAS

BIBLIOGRAFIA 

Burgoa Orihuela, Ignacio, Las Garantías Individuales. Editorial Porrúa, 40ª edición. México. 2008. 

Carbonell, Miguel, Los Derechos Fundamentales en México. Editorial Porrúa-UNAM-CNDH. Primera edición. México, 2011. 

INTERNETGRAFIA

Reporte sobre la discriminación en México 2012. Derechos políticos. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) Consultado el: 11 de diciembre de 2016. Disponible en: http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Reporte_D-derechospoliticos_INACCSS.pdf. 

Clasificación de los Derechos. Jurídicas UNAM. Consultado el 12 de Diciembre de 2016. Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1094/5.pdf

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2019 Observador Veracruzano. Todos los derechos reservados.
Joomla! es software libre, liberado bajo la GNU General Public License.