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Por: Pedro Peña Molina.

congreso del estado de veracruz

Sin duda comunicar las acciones y programas desarrollados por los entes públicos es de vital importancia tanto en un ejercicio de transparencia como de certidumbre para la ciudadanía. Es decir, por una parte tenemos el derecho que tenemos de conocer que están haciendo nuestros gobernantes y por otra parte, trasmitir información por parte de ellos, proporciona seguridad en la población de que las cosas marchan adecuadamente. En la administración pública no basta con realizar las cosas o tener el conocimiento para hacerlas, hay que saber expresar que se hicieron o se cuenta con la capacidad para ello. El político trasmite confianza por medio de la expresión hablada. Para esto se tiene que hacer uso de herramientas pertinentes, en ese sentido se destina un presupuesto con la finalidad de contratar espacios en diversos medios de comunicación. Cuando se hace de manera correcta, ética, transparente y legal estamos hablando de un contrato de prestación de servicios.

 Por: Pedro Peña Molina

En nuestro país son millones de personas que tienen que conformarse con vivir con el salario mínimo y de esos, muchos son profesionistas que tuvieron que pasar cerca de cuatro años estudiando para obtener un título universitario. El pago no corresponde ni hace justicia a su labor y desempeño. Sin embargo, existen grupos de personas dentro del servicio público que gozan de privilegios desmesurados que resultan incongruentes con las actividades que realizan y con la realidad que el país vive. En los últimos años han causado gran revuelo los salarios que perciben una serie de funcionarios y servidores públicos como los Ministros de la Suprema Corte, el Gobernador del Banco de México, los Consejeros del Instituto Nacional Electoral, los diputados, los senadores o incluso el mismo Presidente de la República. Si bien lo anterior es cuestionable, más criticable es el hecho de que en Congreso del Estado de Veracruz existan personas cuyas actividades sean auxiliar contable, asistente o secretarias cuyo sueldo supere los cien mil pesos. Preciso, todos los trabajos u oficios lícitos merecen nuestro respeto, lo que se cuestiona es la incongruencia con lo que el mercado ofrece.

Por: Pedro Peña Molina

Todos los derechos humanos deben ser respetados, protegidos, promovidos y garantizados por el Estado Mexicano de acuerdo con el tercer párrafo del artículo primero de la Constitución. El derecho a la información es clave para el desarrollo individual y colectivo de las personas pues a partir de su cumplimiento se puede aspirar a sociedad más justa y democrática. El derecho a la información comprende la posibilidad de buscar, acceder y difundir datos, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación esto contribuye a la comprensión de la existencia y entorno del ciudadano en una esfera individual, y fomenta la conformación de la personalidad y del libre albedrío para el ejercicio de una voluntad razonada en lo colectivo. Sin embargo, los derechos humanos no son absolutos, al igual que la sociedad están en constante roce y es entonces cuando se tiene que realizar una ponderación en los casos concretos ¿Cuál debe prevalecer por encima del otro?, y bien importante analizar ¿En qué circunstancias o condiciones se puede dar esto? Esto sale a colación por la controversia que se ha suscitado ante la negativa de muchos sujetos obligados por la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública para brindar ciertos datos por considerarla clasificada en razón de contener datos personales. Aquí un claro ejemplo de colisión de dos derechos. Por una parte vemos que la Constitución en el párrafo segundo del artículo sexto nos garantiza que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, lo cual incluye como ya lo mencionamos, la posibilidad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Pero por otra parte el mismo precepto normativo en la facción segundo, apartado A nos dice que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida, de la misma forma se expresa el artículo 16 de nuestra Carta Magna. Ante esta situación cuál debe ser la postura. Sin duda, la integridad personal está por encima de la máxima publicidad, eso lo comprendemos todos. No obstante, cuando hay en juego recursos públicos la lógica debe variar. No se trata de violentar la intimidad de los servidores públicos, de quienes la SCJN ya se ha pronunciado afirmando que al ocupar una posición pública gozan de un nivel inferior de protección a su intimidad sin que llegue esto a trasgredir su esfera de derechos, sino de la máxima transparencia de los aspectos relacionados con recursos públicos, es decir, no interesa sus gustos, intereses personales o ingresos propios, excepto, los que se vinculan con dinero de los contribuyentes. Muchos sujetos obligados clasifican toda la información que contiene datos personales como confidencial lo cual consideramos es erróneo.  Pues se utiliza como instrumento para encubrir un gasto ineficiente en muchas ocasiones.

La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad. La información puede ser reservada cuando, comprometa la seguridad nacional, menoscabe negociaciones o relaciones internacionales, afecte políticas monetarias o afecte al sistema financiero, ponga en peligro la vida, la seguridad o integridad de una persona, obstruya la persecución de un delito, etc. Por otra parte, es confidencial cuando contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. Según la ley General de Transparencia y Protección de Datos Personales la facultad de clasificar la información de un Sujeto Obligado determinado recae en el Comité de Transparencia que es un órgano colegiado impar, empero, dicho organismo es nombrado internamente por lo que no disfruta de autonomía lo cual no da garantías de una efectiva labor.

Por: Héctor Yunes Landa

Hector Yunes Landa

El primer requisito para que un país, un estado o un gobierno funcionen eficazmente es que se desempeñe en un marco de legalidad, es decir, que sus decisiones encuentren un fundamento en la ley y no en la voluntad unipersonal de la autoridad.

Cuando esta legalidad se rompe, se abre la ventana a la corrupción, la impunidad y el autoritarismo. Y si el gobierno no respeta las leyes, entonces los ciudadanos no respetan al gobierno, generando un círculo vicioso que vulnera la convivencia pacífica de los ciudadanos. La gobernabilidad se rompe y se recrudece la violencia y la delincuencia.

Uno de los actos más importantes de legalidad, es el respeto a la división de poderes. El Estado, en cualquier sociedad democrática, está construido para establecer poderes y contrapesos que eviten por un lado, el abuso del poder por parte del gobierno, y por el otro, asegure la participación directa de los ciudadanos como sujetos de la función pública, garantizando al mismo tiempo un pleno derecho a la justicia.

En Veracruz es indispensable garantizar la división de poderes. Particularmente, el Congreso Local –dominado por los grupos legislativos de los partidos en el gobierno-, tal parece se ha convertido en una extensión del poder ejecutivo, lo que da lugar a que se privilegien los intereses políticos del gobernador del estado sobre los que representan, incluso, compromisos de carácter institucional.

En este escenario, se ha presentado recientemente casos de dilación en asuntos tan importantes como la armonización del Sistema Estatal Anticorrupción, el nombramiento del responsable de la Comisión Ejecutiva para la Atención de Víctimas y del comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Temas que resultan del mayor interés de los veracruzanos, pero tal pareciera que no para el gobierno, quien observa en estas instituciones verdaderos contrapesos a sus decisiones.

En cambio, los grupos legislativos del Congreso del estado de Veracruz afines al Gobernador se percibe han decidido incumplir con las funciones que les corresponden para la vigilancia y transparencia en el ejercicio del presupuesto estatal. La semana pasada, la Comisión de Hacienda del Estado solicitó al Ejecutivo Estatal que informara sobre el manejo del presupuesto correspondiente al presente ejercicio fiscal, así como las razones de su incumplimiento de ajustar el gasto público.

La respuesta fue ilegal y autoritaria por parte de la propia de Junta de Coordinación Política, quien propuso la remoción del Presidente de dicha Comisión, sin que se haya observado el proceso legislativo correspondiente.

Por primera vez en su historia, el gobierno de Veracruz no cuenta con un presupuesto formalmente aprobado. Está ejerciendo recursos sin que haya vigilancia en el Congreso Local, en virtud de que el mandatario estatal ha incumplido con los artículos transitorios de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Las dependencias del gobierno no cuentan con un presupuesto fijo, lo que permite que se ejerza con absoluta discrecionalidad.

Pero esto no es nuevo. Desde el inicio de los trabajos de esta LXIV Legislatura, se han aprobado acuerdos que también carecen de legalidad. Los ejemplos sobran. Uno de ellos fue el nombramiento de Jorge Winckler Ortiz -abogado cercano al gobernador Miguel Ángel Yunes- como Fiscal General del Estado, obviando el requisito indispensable de contar con mínimo de experiencia en la materia. Los resultados todos los conocemos.

Así mismo, se nombró como Presidente de la Junta de Coordinación Política, el máximo órgano de gobierno del Congreso, a un diputado que carece de formación política y sólida preparación académica.

Como consecuencia, el Congreso Local se ha visto envuelto en una serie de conflictos, como el incumplimiento en sus mecanismos de transparencia, el uso personal de recursos públicos en fiestas y servicios sexuales –como lo han denunciado responsablemente algunos de los propios legisladores-, la contratación discrecional de medios de comunicación, entre algunos otros.

Hace unos días se hizo pública la decisión de despedir a más de un centenar de trabajadores, argumentando una falta de recursos, la que no existe. Por un lado corren a trabajadores de confianza del Congreso y por otro, de acuerdo a la diputada Lobato Calderón, el coordinador de la diputación panista desvía un millón y medio mensuales para fiestas, drogas y prostitución.

Hoy vemos que muchos de los problemas de nuestro querido Veracruz obedecen precisamente a que un número importante de las decisiones gubernamentales se encuentran al margen de la ley, lo que ha provocado que la crisis institucional, económica y de seguridad se vuelva cada día más grave.

Si realmente queremos salir de la crisis, debemos restablecer la legalidad y garantizar una verdadera división de poderes.

Por: Pedro Peña Molina


No hay Estado sin derecho.
¿Qué lleva a las personas a manifestase?
            Una inconformidad o una insatisfacción de algún derecho que consideran legítimamente propio. Cuando una persona decide salir a las calles, generalmente, es porque ya agotó los medios formales para expresarse y no fue escuchada.  En el caso de los vecinos del fraccionamiento Costa Dorada de la ciudad de Veracruz lo hicieron por la falta de agua que venían padeciendo por largo tiempo sin que las autoridades les dieran una solución clara.


Si bien, debemos considerar todos los factores que rodean al hecho como la acción irresponsable y fraudulenta por parte de los fraccionadores que en su ambición por ganar dinero no les importa vender casas que saben no cuentan con las condiciones necesarias para ser habitadas y que dejan, sínicamente, esa carga en manos de las autoridades, esto no resta peso a la acción represiva que el gobierno realizó.

El derecho a la manifestación pública no está explícitamente reconocido en nuestro texto constitucional, sin embargo, encontramos dos preceptos que hacen referencia a esta situación. El artículo 6° nos habla sobre la libre manifestación de las ideas y que ésta no debe ser motivo de ninguna inquisición judicial y administrativa. Por su parte, el 9°, se relaciona, al proteger el derecho de asociarse cuando afirma que No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. Como vemos, nuestra Constitución sí contiene principios que consagran el derecho a manifestarse.

Por otro lado, es correcto actuar para salvaguardar la libertad de libre tránsito de las personas que se ven afectadas por acciones de protesta, o los intereses económicos afectados. Algunos afirman que debe utilizarse la fuerza pública para disolverlas afín de garantizar el Estado de Derecho, no obstante, olvidan que éste busca la protección de todas las garantías sin favorecer a ninguna. No es más importante preservar el dinero de algunos pisoteando los derechos de los demás. 

         La sociedad requiere necesariamente de la existencia de válvulas de escape a los problemas que la aquejan, no puede esperar el gobierno que ante la falta de soluciones las personas sean pasivas. De ahí que existen algunas propuestas doctrinarias para el reconocimiento del Derecho humano a la protesta social. Los Estados modernos deben regirse por la libertad para expresar ideas, principalmente las contrarias incluso sean de minorías.
Un gobierno que no agota el diálogo en la solución de conflictos, que no es capaz de convencer cuando compromete su actuar tiene serios problemas de legitimad por un lado y capacidad por otro.