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Por: Fanny Yépez Luna

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*El Fiscal Jorge Winkler es un funcionario frívolo.

*MAYL se rodeó de malos funcionarios públicos.

*¿Quién escribirá esas cartas y comunicados llenos de ofensas?

*Se le complican las cuentas a Manuel Rosendo Pelayo

El Fiscal Jorge Winkler es un funcionario frívolo Las fotografías del Fiscal General del Estado, Jorge Winkler Ortiz, que circulan en redes sociales, lejos de beneficiarlo o posicionarlo ante la opinión pública, lo siguen desprestigiando, lo siguen exhibiendo como una persona inconsciente, inmadura, frívola e Indolente del momento que se vive, ajeno a la gran responsabilidad que le encomendó el Congreso local para atender y resolver los delitos que se cometen diariamente. Si Veracruz viviera en paz y sin tantos asesinatos, feminicidios, secuestros y amenazas, las cosas serían distintas, pero todos vivimos crispados, con una gran preocupación de lo que nos pueda suceder en el momento menos pensado y el Fiscal no es solidario, ni siquiera con la familia de Mara Castilla, la jovencita que fue asesinada en Puebla por un chofer de la empresa Cabify pero que ella es de Xalapa. El Fiscal General se muestra ante esa preocupación generalizada, en una fotografía como un experto chef cocinando una paella, una más de sus frivolidades, uno más de sus actos superficiales, sin aplicarse en la misión que le corresponde. El hace paella y cientos de personas desfilan por las principales calles de diversas ciudades reclamando la intervención de las autoridades para acabar con ese delito que nos consume diariamente. Su paso por ese cargo de alta responsabilidad, va a quedar cargado de pena, porque no ha podido resolver un tema tan delicado que se ha venido acrecentando como es la cantidad de asesinatos, violaciones, descuartizados, embolsados y muchas cosas horrendas que nos afecta a toda la sociedad. Tal vez piense y diga lo mismo que “su jefe” (es autónomo), que es su día de descanso, pero un funcionario público del primer círculo, no debe olvidar que su servicio es de 24 horas y debe estar resuelto a servir a la hora que se le requiera. Si vemos las cosas con rigor podríamos pensar que si es su día de descanso, pero no se debiera exhibir, porque si él no se da cuenta tenemos que decirle que parece una burla a toda la sociedad. “Aquellos sufren y yo disfruto de la vida” pareciera que dice el mensaje, con esa fotografía donde aparece con un mandil, moviendo la cuchara para sazonar la paella.

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MAYL se rodeó de malos funcionarios públicos Por muchos años Miguel Ángel Yunes Linares acarició la idea de ser gobernador, soñaba con esa posición y disfrutaba llegar a ese palacio. Afortunadamente para muchos veracruzanos, solo va a ser un periodo de dos años, pero estos serían suficientes si él quisiera para dejar una huella que la gente recordáramos siempre, lamentablemente no es así. Se imaginan si hubiera sido este periodo de 6 años como estaríamos.  Sus colaboradores no han podido demostrar capacidad administrativa ni política, solo se acomodaron en esos sillones para estar tomando “acuerdos” que nunca cumplen y la justificación es que no hay presupuesto “porque Duarte se llevó todo…”. Yunes Linares está a tiempo de dar el famoso golpe de timón y cambiar el rumbo, pero parece que administrar los recursos y hacer crecer a Veracruz, es lo que menos le preocupa, él quiere ver realizados sus sueños de poder y llevar a su hijo a ocupar el puesto que tanto trabajo le costó a él conquistar, verlo como gobernador del estado de Veracruz. Lo demás puede esperar y así es como vemos muertos por aquí, muertos por allá, pero al Fiscal General del Estado le interesa más continuar con sus fotografías afectando el trabajo del gobernador que servir a los veracruzanos. Parece que Miguel Ángel Yunes Linares quiere más a sus amigos, que al estado de Veracruz, que piensa que gobierna. Él si es un político y sabe lo que está sucediendo en su entorno, sabe del mal manejo de medios de comunicación que tiene, del desprestigio que ha venido creciendo de ese equipo que sigue protegiendo a costa de todo y de la inseguridad que se vive diariamente en todo el territorio veracruzano.

¿Quién escribirá esas cartas llenas de odio y ofensas? Según el amanuense del gobierno del estado, el senador José Yunes Zorrilla es ignorante, algún reportero es ignorante, los empresarios que quieren cobrar lo que les deben, son ignorantes. Es necesario que ese escribano estudie un poco de sintaxis y ortografía, para que los adjetivos calificativos los vaya cambiando, porque es muy lamentable leer el comunicado de prensa que enviaron el domingo pasado, donde amenazan a quien quiera cobrar indebidamente con una redacción llena de odio. El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares no debiera permitir ese trato, a todos los veracruzanos que son actores de la dinámica que vive la entidad. La carta de Guillermo Moreno Chazarini, ofensiva; los comunicados donde tratan de aclarar, ofensiva; la carta a los empresarios, ofensiva. No debieran irse a los extremos, los políticos son elementalmente negociadores, saben estirar la liga y saben dónde deben ceder y donde no. Para el resto de los veracruzanos, que nada tienen que ver con los empresarios o las otras personalidades, les preocupa leer ese tipo de amenazas tan directas que realmente son innecesarias. No se ve la buena voluntad del gobernante, no se ve la forma de conciliar con ese importante sector que es un verdadero generador de empleos y eso es muy lamentable. Por eso no nos extraña ver que el presidente de la CANACO-Xalapa, Gerardo Librero Cobos, no descarte romper relaciones con el Gobierno del Estado a pesar de que hay una deuda de 230 millones de pesos. “Vamos a seguir insistiendo y así como hicimos con el Gobierno anterior es romper la relación, es decir, no descartamos romper la relación, porque hasta ahorita no la ha habido y es cansado, algo repetitivo pedir que nos reciban por la vía institucional lo que es un escrito como debe de ser, no ha habido respuesta y tampoco ha surtido efecto”. Así es que nada difícil va a ser ver la respuesta del famoso amanuense otra vez amenazando y diciendo ignorante, esa es su costumbre.

Se le complican las cuentas a Manuel Rosendo Pelayo En San Andrés Tuxtla las cosas están que arden porque ahora descubrieron que la Comisión Municipal de Agua incrementó la deuda de esa dependencia, que era de menos de un millón de pesos a 10 millones, por lo que de nueva cuenta el alcalde electo, Octavio Pérez Garay está solicitando que se realice una auditoría a la administración municipal, que hasta hoy encabeza Manuel Rosendo Pelayo. Entre los funcionarios municipales se han reflejado muchas diferencias ya que los regidores se quieren salvar de la responsabilidad que les resulte, porque en la mayoría de los casos las aprobaciones de esas adquisiciones y obras que se realizaron, fueron aprobadas en el pleno del cabildo. Difícilmente la va a poder superar Manuel Rosendo Pelayo, son muchas acusaciones que pesan sobre esta administración y en una compulsa van a comprobar que al adquirir algunas piezas para la Comisión Municipal de Agua Potable, se alteraron los precios hasta 13 veces más caras las refacciones que ahí se utilizan. Dicen en el pueblo que no hay ninguna obra más que las que son propiedad del actual alcalde, como su casa, sus negocios y otras casitas que le siguen encontrando. Parece que Octavio Pérez Garay está sumando todas las que le hicieron para nominarlo candidato y después en campaña donde participó como candidato independiente. Quien sabe cómo vaya a terminar este episodio de la vida de San Andrés Tuxtla.

Por: Pedro Peña Molina

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La corrupción es el gran tema en nuestro país, prácticamente todos los días nos enteramos de casos donde se presenta. Obras inconclusas, otorgamiento de contratos a conveniencia, el desfalco descarado del erario público por parte de gobernadores, la “casa blanca” del Presidente de la República o recientemente las acusaciones por soborno por parte de la empresa Odebrecht al ex director de PEMEX Emilio Lozoya que le habría entrega 10 millones de dólares a cambio de recibir contratos en México. Los peor del caso es el grado de impunidad con el que se actúa. Sobre el tema se han realizado diversos análisis que apuntan a que, mientras en México estos delitos no se castigan, muchos países latinoamericanos han procesado ante la justicia a los funcionarios que caen en estas prácticas.

Afirman que la diferencia con estos, Brasil por ejemplo, radica en que estas naciones han logrado “un marco constitucional que garantizó una gran pluralidad política en el país; la independencia y autonomía funcional tanto del Poder Judicial, como de otras autoridades de procuración de justicia (Ministerio Público Federal y Policía Federal), frente al poder político y los factores reales de poder; así como el uso estratégico de figuras legales como la llamada “delación premiada” y haber enfocado los inicios de la investigación persiguiendo y encarcelando a los presuntos corruptores, no sólo a los políticos presuntamente corrompidos” Sobre los criterios esgrimidos quiero llamar la atención sobre tres puntos específicos, el marco constitucional que permitió la pluralidad de partidos, la independencia del Poder Judicial y Fiscalías así como la figura de la “delación premiada” llevados al análisis de los niveles federal y estatal en México, en concreto el Estado de Veracruz.

Empiezo por la “delación premiada” figura jurídica que permite ofrecer una reducción de las penas a los delincuentes que colaboran con la autoridad proporcionando información verídica y con bases que permitan la captura de jefes, cómplices o destruir estructuras criminales. Al respeto debemos recordar que en nuestro país contamos con los “testigos protegidos” que, tiene el mismo fin, premiar de cierta manera la cooperación del criminal. Además en el nuevo proceso penal se incluyó el procedimiento abreviado que de igual manera ofrece incentivos a los criminales que colaboran con las autoridades. Me parece que el problema entonces no es la falta de este recurso en nuestras leyes. El segundo, la independencia del Poder Judicial y de las Fiscalías. En la teoría existen pero la realidad está, muy alejada de esto. Lograr una verdadera independencia de este poder y de los fiscales depende directamente del fortalecimiento del Poder Legislativo. ¿A qué se debe esto? A que inciden en su elección.

Es decir, los congresos aprueban las designaciones de ministros, magistrados y fiscales ante las propuestas que los ejecutivos presenten. Sin embargo, éstos creen que el puesto se lo deben al Presidente o Gobernador en turno a quien miran como jefe. Por lo tanto, mientras estas dos instituciones no sientan una verdadera fuerza por parte de los congresos y honren la investidura que ostentan poco se puede hacer. Ahí tenemos el caso del fiscal de Veracruz llamando “bola de corruptos a quienes lo envistieron”. A esto se suma que la fuerza en sí de la misma fiscalía no es mucha pues depende de los tiempos políticos. Con todo y el peso de los hechos sobre si pero el ex Fiscal Luis Ángel Bravo supuestamente electo por 9 años no aguanto siquiera los primeros días de un gobierno opositor. ¿Dónde está la fuerza y autonomía de este órgano? El tercer punto, un marco constitucional que permita una pluralidad de partidos. Como vemos desde las reformas electorales de los años 80´s la configuración del mapa político nacional ha cambiado. Ahora tenemos pluralidad de partidos en los tres niveles de gobierno y donde más se da es en el Congreso de la Unión.

El problema radica en que si bien, se logró la pluralidad, no fue así en cuanto a la independencia pues los legisladores siguen a expensas de la voluntad de sus líderes. Más notable es esta situación en los congresos locales y en Veracruz no es la excepción como podemos observar. Por eso es muy interesante que los diputados cuenten ahora con la reelección legislativa que permita se liberen de la línea que les marcan sus líderes y rindan cuentas a los electores. El problema es que al momento de incluir la reelección legislativa los partidos políticos pusieron trabas que impiden que el espíritu de la reforma se concretice, como por ejemplo en Veracruz, donde sólo se permite que se reelijan en dos ocasiones cuando la Constitución contempla que pueden hacerlo hasta en cuatro. También es cuestión de actitud y compromiso por parte de los legisladores. Requerimos que “se la crean”, que sean conscientes de que son parte de un poder autónomo que tiene la misma importancia que el ejecutivo. Que se respeten a sí mismos. Mientas no tengamos un poder legislativo fuerte que sea contrapeso real del ejecutivo no podremos lograr mucho en cuanto al combate a la corrupción.

Por:  René Barffusón, Silvia Susana Jácome García y Amaranta Gómez Regalado

La presentación, el martes 20 de junio de 2017, de la iniciativa de Ley de Uniones de hecho para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ha generado un contexto de controversia y conflictividad entre integrantes de colectivos LGBTTTI y una que otra descalificación entre distintos partidos: PAN, PRD, Morena, por mencionar algunos.

La iniciativa, abrazada con vehemencia por algunos, según su consideración, pretende subsanar y avanzar sobre los vacíos legislativos que en Veracruz persisten en materia de reconocimiento de derechos para las personas LGBTTTI. En contraparte, otras voces señalan que la iniciativa en cuestión no supone el gran paso que quienes la defienden enarbolan.

En un punto, ambas posiciones tienen razón. Que una iniciativa a favor del reconocimiento de derechos para las personas LGBTTTI esté siendo presentada y considerada viable para ser aprobada, ya es digno de aplaudirse en nuestra entidad veracruzana, como no ha ocurrido en otros periodos legislativos.

La iniciativa favorecería a un sector de personas que de hecho han optado por vivir en la modalidad de Uniones de hecho, o bien, ésa es su aspiración. Pero se queda corta y expuesta a que los derechos expresados en la misma se vean limitados, precisamente sobre las personas que pretende beneficiar, toda vez que queda situada en un nivel jurídico similar al matrimonio y, en ese sentido, la remite a circunscribirse a lo establecido en el Código Civil para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en lo relativo a la institución del matrimonio, donde sabido es que por parte de colectivos LGBTTTI se ha demandado su modificación, ya que a la letra dice: "ARTICULO 75: El matrimonio es la unión de un solo hombre y de una sola mujer que conviven para realizar los fines esenciales de la familia como institución social y civil", y lo que se ha propuesto es que diga "personas", lo cual no se ha modificado y de ahí las persistentes prácticas discriminatorias y de no reconocimiento de derechos para las personas de la diversidad.

Lo mencionado da lugar a preguntarnos ¿para qué crear una ley distinta que para hacer efectivo aquello en lo que pretende beneficiar se remite a una figura ya existente que otorga lo que se pretende, pero que de hecho jurídicamente lo limita o no lo hace viable? ¿Para qué simular una propuesta de ley como las uniones de hecho, cuando lo que se necesita es reformar el código civil?

Es por eso que, a nuestro parecer, en ese punto la iniciativa se auto limita al circunscribirse a una figura que no faculta aquello que en la propuesta se pretende hacer valer, de ahí la importancia y necesidad de la reforma del Código Civil vigente en el estado de Veracruz. Por otro lado, la iniciativa también deja expuestas a las personas a las consideraciones del Titular del Poder Ejecutivo del Estado al ser su competencia emitir la reglamentación conducente sobre la misma. Y tampoco la propuesta hace mención sobre los derechos y obligaciones en relación con los hijos y lo relativo al parentesco.

Con todo, es preciso destacar que esta figura de ninguna manera es sustitutoria ni homologable a la figura del matrimonio que, en Veracruz, seguimos apostando por avanzar hacia la formulación de lo que conocemos como matrimonio igualitario. De lograrlo, la figura de Unión de hecho seguiría existiendo en convivencia con aquella por la que opten otros ciudadanos, el matrimonio civil.

Así pues, Uniones de hecho y Matrimonio son modalidades de unión por las que las personas optan, y las garantías de las personas deben salvaguardarse en cualquier modalidad en la que decidan hacer vida en común. Y tanto heterosexuales como homosexuales debiéramos tener acceso a ambas modalidades.

Por eso es que el matrimonio igualitario es la apuesta central de las y los que pensamos que los derechos no se pueden ofrecer a cuentagotas. La figura del matrimonio igualitario debe de ser la vía del reconocimiento del pleno derecho de las personas LGBTTTI del estado; las y los veracruzanos estamos a la altura de asumir este momento de cambio cultural y dejar de pensar a la familia desde un solo modelo; las figuras para constituirse en pareja son variadas en la realidad y es en ese marco que una ley debe de mostrarse para proteger a todas y todos.

Sabido es que, de hecho, entre las personas LGBTTTI hay quienes comparten la vida en la modalidad de Uniones de hecho, sin gozar de las garantías que esta figura jurídica pudiera otorgarles, y que otras, conviviendo de esta manera o no, optarían por la figura matrimonial. Legislativamente, debiera garantizarse a las personas todos los derechos que estas figuras jurídicas otorgan. Y no abonar a la controversia entre una figura y otra, pues las personas en su libre decisión pueden optar por el modelo de Uniones de hecho o por la de Matrimonio.

El trabajo legislativo debe velar porque se otorguen derechos en condiciones de igualdad y no discriminación, salvaguardando el derecho a decidir de las personas sobre la modalidad de unión que prefieran, en este caso, la matrimonial o la de uniones de hecho. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha avalado las reformas del Código Civil del Distrito Federal, reconociendo la constitucionalidad del matrimonio civil entre parejas del mismo sexo, por primera vez el 10 de agosto de 2010, lo cual se ha convertido en un criterio que ha sido refrendado cada vez que los estados intentan mantener vigente la prohibición de las uniones entre personas homosexuales, por lo tanto, se trata de un criterio jurídico que ya forma parte de la vida jurídica de nuestro país n

Volviendo a la iniciativa, pareciera que la intención de la legisladora al presentarla no es ofrecer una modalidad más a quienes deseen establecer un vínculo de pareja, al margen del sexo de las y los vinculantes. Esto se desprende de la exposición de motivos que acompaña la presentación. Se dice, por ejemplo, que la Constitución General de la República "prohíbe toda discriminación motivada, entre otras, por preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana".

Pareciera entonces, que el espíritu de la ley que se propone es permitir a las personas que viven una preferencia sexual distinta a la heterosexual acceder al derecho que tienen las personas heterosexuales de formar un vínculo de pareja reconocido por el Estado.

Pero la propia iniciativa traiciona los motivos que expone ya que la figura propuesta no es, como en el caso de parejas formadas por hombre y mujer, el matrimonio, sino una figura llamada Uniones de hecho y que en rigor no concede los mismos derechos que a las parejas heterosexuales. Es decir, sigue discriminando y el motivo de la discriminación es la preferencia sexual de los contrayentes. Se traiciona a sí misma.

Con todo, la virtud de la iniciativa presentada por la diputada del PAN, María Josefina Gamboa Torales, en la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz, es que nos pone de frente la necesidad de hacer cambios al Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de modo que se atienda lo que ya en su momento ha señalado la SCJN sobre la discriminación e inconstitucionalidad en la que incurren aquellas legislaciones que textualmente consideran que la finalidad del matrimonio es la procreación y/o que lo definen como el que se celebra entre un hombre y una mujer.

Avanzar hacia los cambios requeridos en el código civil veracruzano es uno de los grandes retos para la ciudadanía veracruzana, para la legislatura actual y el soberano estado de Veracruz, pues esto nos permitirá ponernos a la altura con un marco jurídico que garantice la igualdad sustantiva para todas las personas:  hombres y mujeres, heterosexuales y personas LGBTTTI.

En una sociedad democrática o en aquellas en las que aún se lucha por vivir en una democracia plena, uno de los principios básicos consiste en garantizar la existencia de un marco de derechos que permitan el ejercicio de la ciudadanía. Hombres y mujeres somos ciudadanos de pleno derecho, pero existen situaciones para las que a muchos tal reconocimiento no es efectivo. Este es el caso de la población LGBTTTI que aún demanda derechos apelando al reconocimiento de su condición como personas y ciudadanos.

Este sector poblacional demanda el reconocimiento jurídico de sus formas de establecer vínculos familiares o uniones de hecho y la salvaguarda de derechos inherentes al establecimiento de este vínculo. Entre estas modalidades se ubican la sociedad de convivencia, el matrimonio igualitario y la de uniones de hecho según lo expresa la iniciativa recientemente propuesta en la legislatura veracruzana.

También se ha señalado que esta iniciativa no es una versión distinta de sociedad de convivencia, sino otra figura: Uniones de hecho. La sociedad de convivencia, como una forma de unión civil, vigente en la CDMX, desde 2006, entonces D. F., reconoce legalmente los hogares formados por personas sin parentesco consanguíneo o por afinidad, garantizando el derecho a heredar, a la subrogación del arrendamiento, a recibir alimentos según se requiera y a la tutela legítima.

No nos oponemos a la existencia de las Uniones de hecho. Puede ser una opción válida para parejas homosexuales, también para parejas heterosexuales. Vivimos en un mundo cada vez más diverso y seguramente existirán parejas que independientemente de su orientación sexual no quieran unirse en matrimonio porque lo consideran una institución que establece demasiadas obligaciones. Pero acaso les convenga el tema de las obligaciones patrimoniales, sucesorias y de alimentos que contempla la figura que ahora se propone. Hasta ahí está todo bien.

Lo que es, a todas luces, una falencia, es que las parejas formadas por personas del mismo sexo sólo tengan como única opción las Uniones de hecho que no contemplan ni la posibilidad de adopción ni la inscripción de la pareja en las instituciones de seguridad social. Es un contrato meramente patrimonial, sucesorio y que vislumbra la pensión alimenticia en caso de la disolución. Otorga derechos a las parejas que ahora no los tienen; pero no todos los derechos.

Matrimonio y adopción quedan fuera de la figura que se propone; justamente los argumentos que reiteradamente han señalado algunos grupos conservadores que ven en la procreación el fin último del matrimonio –pese a los señalamientos en contrario de la SCJN- y que advierten de los riesgos para las y los niños que eventualmente fueran criados por una pareja de dos hombres o de dos mujeres a pesar, también, de los numerosos estudios que con evidencia científica han demostrado que el género de los padres o de las madres no es determinante en el sano desarrollo de las y los hijos.

Ante la propuesta de la iniciativa de Ley de Uniones de hecho para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en esta entidad, hay quienes pugnamos por una vida democrática en la que la ciudadanía viva y ejerza de manera plena sus derechos; todos sus derechos.

En este sentido, demandamos la reforma al código civil para garantizar la unión matrimonial entre dos personas y el ejercicio de todos los derechos. No nos oponemos a la modalidad de unión civil propuesta –Uniones de hecho- siempre y cuando ésta no sea restrictiva en reconocimiento de derechos y aunque explícitamente señale que se trata de un convenio pactado entre personas, para efectos de los derechos a otorgar se remita a la figura matrimonial del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mismo que aún requiere modificarse con apego al principio de Igualdad y No discriminación.

Todo ello en aras de seguir demandando y promoviendo el reconocimiento de derechos para las personas LGBTTTI en el estado de Veracruz, como el acceso a una vida libre de violencia, sin homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, interfobia; así como  fomentar procesos de crecimiento personal, de reconocimiento, de convivencia y participación ciudadana en los marcos de un Estado laico.

La Jornada

Por: Pedro Peña Molina


En los últimos meses he escuchado y leído la idea de que los derechos humanos no son avances sustanciales, legítimos, propios, reales, etc., de los las personas sino arreglos de las cúpula del poder. Si bien, comparto parte de esta idea, sí creo que hoy se goza de niveles de bienestar social e individual muy por encima de los que gozaron generaciones pasadas y ese acto es el que debemos aprovechar. Mientras se discute este asunto en los foros académicos lo cierto es que lo que tenemos, debemos defenderlo y buscar que se incremente. ¿Cómo? Realizando esta tarea muy concreta pero compleja; definir, sistematizar y socializar los derechos humanos, en especial los de las minorías que durante años han sufrido vejaciones, maltratos y discriminación. Un ejemplo, la población africana y sus descendientes. No debemos olvidar que han pasado solamente en promedio 50 o 60 años desde que en los Estados Unidos de América, el país paladín de los derechos humanos, existían lugares para personas blancas y de color. Y que no llegamos ni a siglo y medio de que en ese mismo lugar eran vendidos como objetos que podrían ser poseídos y comercializados. Y esto era una verdad absoluta. En la actualidad en México existe una fuerte discriminación hacia las personas de piel oscura. Incluso incide en las posibilidades de ascenso social y económico. Eso es lo que el hombre puede hacer por sus semejantes. De ahí la importancia de sistematizar, definir y socializar estos derechos. Por eso la importancia del llamado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de su Presidente, Luis Raúl González Pérez, al Congreso de la Unión y a las legislaturas locales de los estados para reconocer dentro de sus marcos constitucionales a estos grupos, con lo cual se busca ir erradicando la discriminación y el racismo que sufre este sector.

Esto en el marco del Decenio de los Afrodescendientes establecido por la ONU en el 2013, mismo que abarca de 2015 al 2024 y que obliga a nuestro país a realizar acciones en favor de este grupo de población. En México viven un millón 381 mil 853 personas afrodescendientes según datos de un estudio elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), denominado “Perfil Sociodemográfico de la población afrodescendientes en México”, lo que significa que uno de cada cien mexicanos tiene este tipo de origen. En el Congreso del Estado de Veracruz se han presentado dos propuestas relacionadas con el tema, una por parte de la diputada perredista Yazmin Copete Zapot y otra por la legisladora del grupo parlamentario de Acción Nacional Mariana Dunyaska García Rojas, que buscan combatir la discriminación y lograr su reconocimiento constitucional. Hasta el momento se encuentran ambas en comisiones

El 3.3% de la población Veracruzana reconoce algún origen afrodescendiente lo que coloca a nuestra entidad en tercer lugar nacional en este rubro, superado por Guerrero que tiene el 6.5 en primer sitio y Oaxaca el 4.9 en segundo lugar. Aunado a los anteriores estados también existe presencia en el Estado de México, Ciudad de México y Nuevo León. En conjunto estas entidades concentran cerca del 86% de la población. Los municipios de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, donde reside esta población, según el Coneval padece, altos niveles de pobreza, no cuentan con servicios de salud y educación adecuados y carecen de viviendas con todos los servicios adecuados. En el caso de Guerrero y Oaxaca, los grupos afrodescendientes ya cuentan con reconocimiento dentro de sus Constituciones Locales, en el nuestro que fue el primero que tocaron cuando llegaron al continente americano es motivo de justicia social que se haga.

Por: Pedro Peña Molina

“Un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla.” Luis Donaldo Colosio Murrieta 6 de Marzo 1994

En el célebre discurso que el entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la Republica Luis Donaldo Colosio dio en 1994 mencionó una frase que deberían reflexionar la gran mayoría de políticos mexicanos: “Veo… Un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla”, aplicable perfectamente a nuestros días. En nuestro país existe una falta de cultura de la legalidad por parte de la ciudadanía que asombra, pero esa misma carencia que vemos en las autoridades espanta y molesta. Si bien, se le debe exigir a la población el respeto irrestricto a las leyes, esto mismo no tendría por qué tolerarse con las autoridades. Sin embargo, es algo que vemos todos los días y a todos niveles. Podemos encontrar una multitud de actos que diariamente presenciamos en nuestro Estado de Veracruz y la zona conurbada Veracruz-Boca del Río – Medellin – Alvarado, donde sin el menor compromiso social se viola la ley o los gobernantes dejan de cumplir con las obligaciones para lo cual fueron electos. Distorsionan la ley las autoridades que participan en la desaparición del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) al permitir un procedimiento que viola todos los derechos laborales al tolerar que la nueva empresa operadora no asuma la sustitución patronal que está contemplada en la ley o no realice liquidaciones conforme corresponde. Distorsionan la ley, quienes permiten que se culpe sólo al sindicato de SAS de la bancarrota en la que se encuentra el sistema sin siquiera voltear a ver a personajes como José Ruiz Carmona, Yolanda Gutiérrez Carlín y demás funcionarios que durante las administraciones panistas realizaron una pésima función y en muchas ocasiones lo ocuparon como caja chica. Distorsionan la ley y deberían de servirla, las autoridades del ayuntamiento de Veracruz cuando permiten que llegue un particular inmovilice un automóvil (una propiedad) porque se venció el tiempo del parquímetro cuando nuestra Constitución establece que nadie puede ser molestado sino es por medio de mandato judicial fundado y motivado por autoridad competente.

Distorsionan la ley cuando deberían de servirla, ciertos elementos de los cuerpos policiacos que en lugar de proteger la integridad física de las personas sirven a los intereses del crimen. Distorsionan la ley cuando deberían de servirla, los congresos locales, como el de nuestro estado, en donde los legisladores lejos de representar los intereses de la ciudadanía y ser un contrapeso en la división de poderes, sólo sirven a los gobernadores en turno. Distorsionan la ley cuando deberían de servirla, los funcionarios públicos que se enriquecen de manera desproporcionada cuando la ley establece que deberían dirigirse en el encargo de sus comisiones con honradez. Por eso o todos se culpan simultáneamente de cumplir con su mandato o vemos escenas como las que protagonizan penosamente el gobernador constitucional del estado Javier Duarte y el Gobernador Electo Miguel Ángel Yunes Linares donde todo lo podemos resumir en un simple: ¡Tú eres ratero!, ¡No, tú eres ratero!, ¡No, tú eres ratero!, ¡Tú eres ratero!