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Por: Pedro Peña Molina


En los últimos meses he escuchado y leído la idea de que los derechos humanos no son avances sustanciales, legítimos, propios, reales, etc., de los las personas sino arreglos de las cúpula del poder. Si bien, comparto parte de esta idea, sí creo que hoy se goza de niveles de bienestar social e individual muy por encima de los que gozaron generaciones pasadas y ese acto es el que debemos aprovechar. Mientras se discute este asunto en los foros académicos lo cierto es que lo que tenemos, debemos defenderlo y buscar que se incremente. ¿Cómo? Realizando esta tarea muy concreta pero compleja; definir, sistematizar y socializar los derechos humanos, en especial los de las minorías que durante años han sufrido vejaciones, maltratos y discriminación. Un ejemplo, la población africana y sus descendientes. No debemos olvidar que han pasado solamente en promedio 50 o 60 años desde que en los Estados Unidos de América, el país paladín de los derechos humanos, existían lugares para personas blancas y de color. Y que no llegamos ni a siglo y medio de que en ese mismo lugar eran vendidos como objetos que podrían ser poseídos y comercializados. Y esto era una verdad absoluta. En la actualidad en México existe una fuerte discriminación hacia las personas de piel oscura. Incluso incide en las posibilidades de ascenso social y económico. Eso es lo que el hombre puede hacer por sus semejantes. De ahí la importancia de sistematizar, definir y socializar estos derechos. Por eso la importancia del llamado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de su Presidente, Luis Raúl González Pérez, al Congreso de la Unión y a las legislaturas locales de los estados para reconocer dentro de sus marcos constitucionales a estos grupos, con lo cual se busca ir erradicando la discriminación y el racismo que sufre este sector.

Esto en el marco del Decenio de los Afrodescendientes establecido por la ONU en el 2013, mismo que abarca de 2015 al 2024 y que obliga a nuestro país a realizar acciones en favor de este grupo de población. En México viven un millón 381 mil 853 personas afrodescendientes según datos de un estudio elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), denominado “Perfil Sociodemográfico de la población afrodescendientes en México”, lo que significa que uno de cada cien mexicanos tiene este tipo de origen. En el Congreso del Estado de Veracruz se han presentado dos propuestas relacionadas con el tema, una por parte de la diputada perredista Yazmin Copete Zapot y otra por la legisladora del grupo parlamentario de Acción Nacional Mariana Dunyaska García Rojas, que buscan combatir la discriminación y lograr su reconocimiento constitucional. Hasta el momento se encuentran ambas en comisiones

El 3.3% de la población Veracruzana reconoce algún origen afrodescendiente lo que coloca a nuestra entidad en tercer lugar nacional en este rubro, superado por Guerrero que tiene el 6.5 en primer sitio y Oaxaca el 4.9 en segundo lugar. Aunado a los anteriores estados también existe presencia en el Estado de México, Ciudad de México y Nuevo León. En conjunto estas entidades concentran cerca del 86% de la población. Los municipios de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, donde reside esta población, según el Coneval padece, altos niveles de pobreza, no cuentan con servicios de salud y educación adecuados y carecen de viviendas con todos los servicios adecuados. En el caso de Guerrero y Oaxaca, los grupos afrodescendientes ya cuentan con reconocimiento dentro de sus Constituciones Locales, en el nuestro que fue el primero que tocaron cuando llegaron al continente americano es motivo de justicia social que se haga.

Por:  René Barffusón, Silvia Susana Jácome García y Amaranta Gómez Regalado

La presentación, el martes 20 de junio de 2017, de la iniciativa de Ley de Uniones de hecho para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ha generado un contexto de controversia y conflictividad entre integrantes de colectivos LGBTTTI y una que otra descalificación entre distintos partidos: PAN, PRD, Morena, por mencionar algunos.

La iniciativa, abrazada con vehemencia por algunos, según su consideración, pretende subsanar y avanzar sobre los vacíos legislativos que en Veracruz persisten en materia de reconocimiento de derechos para las personas LGBTTTI. En contraparte, otras voces señalan que la iniciativa en cuestión no supone el gran paso que quienes la defienden enarbolan.

En un punto, ambas posiciones tienen razón. Que una iniciativa a favor del reconocimiento de derechos para las personas LGBTTTI esté siendo presentada y considerada viable para ser aprobada, ya es digno de aplaudirse en nuestra entidad veracruzana, como no ha ocurrido en otros periodos legislativos.

La iniciativa favorecería a un sector de personas que de hecho han optado por vivir en la modalidad de Uniones de hecho, o bien, ésa es su aspiración. Pero se queda corta y expuesta a que los derechos expresados en la misma se vean limitados, precisamente sobre las personas que pretende beneficiar, toda vez que queda situada en un nivel jurídico similar al matrimonio y, en ese sentido, la remite a circunscribirse a lo establecido en el Código Civil para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en lo relativo a la institución del matrimonio, donde sabido es que por parte de colectivos LGBTTTI se ha demandado su modificación, ya que a la letra dice: "ARTICULO 75: El matrimonio es la unión de un solo hombre y de una sola mujer que conviven para realizar los fines esenciales de la familia como institución social y civil", y lo que se ha propuesto es que diga "personas", lo cual no se ha modificado y de ahí las persistentes prácticas discriminatorias y de no reconocimiento de derechos para las personas de la diversidad.

Lo mencionado da lugar a preguntarnos ¿para qué crear una ley distinta que para hacer efectivo aquello en lo que pretende beneficiar se remite a una figura ya existente que otorga lo que se pretende, pero que de hecho jurídicamente lo limita o no lo hace viable? ¿Para qué simular una propuesta de ley como las uniones de hecho, cuando lo que se necesita es reformar el código civil?

Es por eso que, a nuestro parecer, en ese punto la iniciativa se auto limita al circunscribirse a una figura que no faculta aquello que en la propuesta se pretende hacer valer, de ahí la importancia y necesidad de la reforma del Código Civil vigente en el estado de Veracruz. Por otro lado, la iniciativa también deja expuestas a las personas a las consideraciones del Titular del Poder Ejecutivo del Estado al ser su competencia emitir la reglamentación conducente sobre la misma. Y tampoco la propuesta hace mención sobre los derechos y obligaciones en relación con los hijos y lo relativo al parentesco.

Con todo, es preciso destacar que esta figura de ninguna manera es sustitutoria ni homologable a la figura del matrimonio que, en Veracruz, seguimos apostando por avanzar hacia la formulación de lo que conocemos como matrimonio igualitario. De lograrlo, la figura de Unión de hecho seguiría existiendo en convivencia con aquella por la que opten otros ciudadanos, el matrimonio civil.

Así pues, Uniones de hecho y Matrimonio son modalidades de unión por las que las personas optan, y las garantías de las personas deben salvaguardarse en cualquier modalidad en la que decidan hacer vida en común. Y tanto heterosexuales como homosexuales debiéramos tener acceso a ambas modalidades.

Por eso es que el matrimonio igualitario es la apuesta central de las y los que pensamos que los derechos no se pueden ofrecer a cuentagotas. La figura del matrimonio igualitario debe de ser la vía del reconocimiento del pleno derecho de las personas LGBTTTI del estado; las y los veracruzanos estamos a la altura de asumir este momento de cambio cultural y dejar de pensar a la familia desde un solo modelo; las figuras para constituirse en pareja son variadas en la realidad y es en ese marco que una ley debe de mostrarse para proteger a todas y todos.

Sabido es que, de hecho, entre las personas LGBTTTI hay quienes comparten la vida en la modalidad de Uniones de hecho, sin gozar de las garantías que esta figura jurídica pudiera otorgarles, y que otras, conviviendo de esta manera o no, optarían por la figura matrimonial. Legislativamente, debiera garantizarse a las personas todos los derechos que estas figuras jurídicas otorgan. Y no abonar a la controversia entre una figura y otra, pues las personas en su libre decisión pueden optar por el modelo de Uniones de hecho o por la de Matrimonio.

El trabajo legislativo debe velar porque se otorguen derechos en condiciones de igualdad y no discriminación, salvaguardando el derecho a decidir de las personas sobre la modalidad de unión que prefieran, en este caso, la matrimonial o la de uniones de hecho. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha avalado las reformas del Código Civil del Distrito Federal, reconociendo la constitucionalidad del matrimonio civil entre parejas del mismo sexo, por primera vez el 10 de agosto de 2010, lo cual se ha convertido en un criterio que ha sido refrendado cada vez que los estados intentan mantener vigente la prohibición de las uniones entre personas homosexuales, por lo tanto, se trata de un criterio jurídico que ya forma parte de la vida jurídica de nuestro país n

Volviendo a la iniciativa, pareciera que la intención de la legisladora al presentarla no es ofrecer una modalidad más a quienes deseen establecer un vínculo de pareja, al margen del sexo de las y los vinculantes. Esto se desprende de la exposición de motivos que acompaña la presentación. Se dice, por ejemplo, que la Constitución General de la República "prohíbe toda discriminación motivada, entre otras, por preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana".

Pareciera entonces, que el espíritu de la ley que se propone es permitir a las personas que viven una preferencia sexual distinta a la heterosexual acceder al derecho que tienen las personas heterosexuales de formar un vínculo de pareja reconocido por el Estado.

Pero la propia iniciativa traiciona los motivos que expone ya que la figura propuesta no es, como en el caso de parejas formadas por hombre y mujer, el matrimonio, sino una figura llamada Uniones de hecho y que en rigor no concede los mismos derechos que a las parejas heterosexuales. Es decir, sigue discriminando y el motivo de la discriminación es la preferencia sexual de los contrayentes. Se traiciona a sí misma.

Con todo, la virtud de la iniciativa presentada por la diputada del PAN, María Josefina Gamboa Torales, en la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz, es que nos pone de frente la necesidad de hacer cambios al Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de modo que se atienda lo que ya en su momento ha señalado la SCJN sobre la discriminación e inconstitucionalidad en la que incurren aquellas legislaciones que textualmente consideran que la finalidad del matrimonio es la procreación y/o que lo definen como el que se celebra entre un hombre y una mujer.

Avanzar hacia los cambios requeridos en el código civil veracruzano es uno de los grandes retos para la ciudadanía veracruzana, para la legislatura actual y el soberano estado de Veracruz, pues esto nos permitirá ponernos a la altura con un marco jurídico que garantice la igualdad sustantiva para todas las personas:  hombres y mujeres, heterosexuales y personas LGBTTTI.

En una sociedad democrática o en aquellas en las que aún se lucha por vivir en una democracia plena, uno de los principios básicos consiste en garantizar la existencia de un marco de derechos que permitan el ejercicio de la ciudadanía. Hombres y mujeres somos ciudadanos de pleno derecho, pero existen situaciones para las que a muchos tal reconocimiento no es efectivo. Este es el caso de la población LGBTTTI que aún demanda derechos apelando al reconocimiento de su condición como personas y ciudadanos.

Este sector poblacional demanda el reconocimiento jurídico de sus formas de establecer vínculos familiares o uniones de hecho y la salvaguarda de derechos inherentes al establecimiento de este vínculo. Entre estas modalidades se ubican la sociedad de convivencia, el matrimonio igualitario y la de uniones de hecho según lo expresa la iniciativa recientemente propuesta en la legislatura veracruzana.

También se ha señalado que esta iniciativa no es una versión distinta de sociedad de convivencia, sino otra figura: Uniones de hecho. La sociedad de convivencia, como una forma de unión civil, vigente en la CDMX, desde 2006, entonces D. F., reconoce legalmente los hogares formados por personas sin parentesco consanguíneo o por afinidad, garantizando el derecho a heredar, a la subrogación del arrendamiento, a recibir alimentos según se requiera y a la tutela legítima.

No nos oponemos a la existencia de las Uniones de hecho. Puede ser una opción válida para parejas homosexuales, también para parejas heterosexuales. Vivimos en un mundo cada vez más diverso y seguramente existirán parejas que independientemente de su orientación sexual no quieran unirse en matrimonio porque lo consideran una institución que establece demasiadas obligaciones. Pero acaso les convenga el tema de las obligaciones patrimoniales, sucesorias y de alimentos que contempla la figura que ahora se propone. Hasta ahí está todo bien.

Lo que es, a todas luces, una falencia, es que las parejas formadas por personas del mismo sexo sólo tengan como única opción las Uniones de hecho que no contemplan ni la posibilidad de adopción ni la inscripción de la pareja en las instituciones de seguridad social. Es un contrato meramente patrimonial, sucesorio y que vislumbra la pensión alimenticia en caso de la disolución. Otorga derechos a las parejas que ahora no los tienen; pero no todos los derechos.

Matrimonio y adopción quedan fuera de la figura que se propone; justamente los argumentos que reiteradamente han señalado algunos grupos conservadores que ven en la procreación el fin último del matrimonio –pese a los señalamientos en contrario de la SCJN- y que advierten de los riesgos para las y los niños que eventualmente fueran criados por una pareja de dos hombres o de dos mujeres a pesar, también, de los numerosos estudios que con evidencia científica han demostrado que el género de los padres o de las madres no es determinante en el sano desarrollo de las y los hijos.

Ante la propuesta de la iniciativa de Ley de Uniones de hecho para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en esta entidad, hay quienes pugnamos por una vida democrática en la que la ciudadanía viva y ejerza de manera plena sus derechos; todos sus derechos.

En este sentido, demandamos la reforma al código civil para garantizar la unión matrimonial entre dos personas y el ejercicio de todos los derechos. No nos oponemos a la modalidad de unión civil propuesta –Uniones de hecho- siempre y cuando ésta no sea restrictiva en reconocimiento de derechos y aunque explícitamente señale que se trata de un convenio pactado entre personas, para efectos de los derechos a otorgar se remita a la figura matrimonial del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mismo que aún requiere modificarse con apego al principio de Igualdad y No discriminación.

Todo ello en aras de seguir demandando y promoviendo el reconocimiento de derechos para las personas LGBTTTI en el estado de Veracruz, como el acceso a una vida libre de violencia, sin homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, interfobia; así como  fomentar procesos de crecimiento personal, de reconocimiento, de convivencia y participación ciudadana en los marcos de un Estado laico.

La Jornada

La sociedad del siglo XXI se caracteriza por un extraordinario avance en las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s), es así que el acceso a una conectividad de excelencia marca hoy en día, de manera determinante, las posibilidades de desarrollo de todos los países del mundo inmersos en la sociedad global.

Por: Pedro Peña Molina

“Un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla.” Luis Donaldo Colosio Murrieta 6 de Marzo 1994

En el célebre discurso que el entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la Republica Luis Donaldo Colosio dio en 1994 mencionó una frase que deberían reflexionar la gran mayoría de políticos mexicanos: “Veo… Un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla”, aplicable perfectamente a nuestros días. En nuestro país existe una falta de cultura de la legalidad por parte de la ciudadanía que asombra, pero esa misma carencia que vemos en las autoridades espanta y molesta. Si bien, se le debe exigir a la población el respeto irrestricto a las leyes, esto mismo no tendría por qué tolerarse con las autoridades. Sin embargo, es algo que vemos todos los días y a todos niveles. Podemos encontrar una multitud de actos que diariamente presenciamos en nuestro Estado de Veracruz y la zona conurbada Veracruz-Boca del Río – Medellin – Alvarado, donde sin el menor compromiso social se viola la ley o los gobernantes dejan de cumplir con las obligaciones para lo cual fueron electos. Distorsionan la ley las autoridades que participan en la desaparición del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) al permitir un procedimiento que viola todos los derechos laborales al tolerar que la nueva empresa operadora no asuma la sustitución patronal que está contemplada en la ley o no realice liquidaciones conforme corresponde. Distorsionan la ley, quienes permiten que se culpe sólo al sindicato de SAS de la bancarrota en la que se encuentra el sistema sin siquiera voltear a ver a personajes como José Ruiz Carmona, Yolanda Gutiérrez Carlín y demás funcionarios que durante las administraciones panistas realizaron una pésima función y en muchas ocasiones lo ocuparon como caja chica. Distorsionan la ley y deberían de servirla, las autoridades del ayuntamiento de Veracruz cuando permiten que llegue un particular inmovilice un automóvil (una propiedad) porque se venció el tiempo del parquímetro cuando nuestra Constitución establece que nadie puede ser molestado sino es por medio de mandato judicial fundado y motivado por autoridad competente.

Distorsionan la ley cuando deberían de servirla, ciertos elementos de los cuerpos policiacos que en lugar de proteger la integridad física de las personas sirven a los intereses del crimen. Distorsionan la ley cuando deberían de servirla, los congresos locales, como el de nuestro estado, en donde los legisladores lejos de representar los intereses de la ciudadanía y ser un contrapeso en la división de poderes, sólo sirven a los gobernadores en turno. Distorsionan la ley cuando deberían de servirla, los funcionarios públicos que se enriquecen de manera desproporcionada cuando la ley establece que deberían dirigirse en el encargo de sus comisiones con honradez. Por eso o todos se culpan simultáneamente de cumplir con su mandato o vemos escenas como las que protagonizan penosamente el gobernador constitucional del estado Javier Duarte y el Gobernador Electo Miguel Ángel Yunes Linares donde todo lo podemos resumir en un simple: ¡Tú eres ratero!, ¡No, tú eres ratero!, ¡No, tú eres ratero!, ¡Tú eres ratero!

Javier Herrera Borunda

Tengo el honor de formar parte de la delegación de diputados y senadores que representamos a México en la XXIV Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, cuyo tema general de trabajo es: “Fortalecimiento de Alianzas para la Prosperidad, Seguridad y Crecimiento”, que se lleva a cabo en la ciudad de Vancouver, Canadá, entre los días 17 y 21 del presente mes.