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En la Cuenta Pública 2018, la segunda y última de la administración estatal de Miguel Ángel Yunes Linares y la primera de los actuales Gobiernos Municipales, sí hay daño patrimonial, reconoció Karina de la Fuente Izaguirre, Auditora Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).

“Desgraciadamente en cada fiscalización siempre encontramos entes con daño (patrimonial), me gustaría que no fuera así, pero ya lo verán (en los Informes de Resultados)”.

Asimismo, le deseó éxito a Lorenzo Antonio Portilla Vásquez en su intención de buscar la continuidad como auditor general del ORFIS.

Dijo que hasta el momento no se puede hacer pública esa información, toda vez que ya se elaboran los informes de resultados de 289 entes fiscalizables, de un total de 328.

“Será un Informe de Resultados muy completo, es el esfuerzo del trabajo de todos los compañeros. Justamente en ese informe plasmamos muchísimos aspectos de control interno que deben cuidarse para no seguir cayendo en observaciones”.

Asimismo, dijo que dentro de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se ha realizado una revisión a los procesos de licitación de los contratos para la construcción de las 21 Ciudades Judiciales, cuyos resultados estarán en los Informes que se están elaborando.

Insistió en que los resultados de la fiscalización superior a la Cuenta Pública al ejercicio fiscal 2018 no puede hacerse pública hasta que se entregue al Congreso del Estado, a través de la Comisión de Vigilancia, hecho que habrá de ocurrió el próximo 2 de octubre.

De la Fuente Izaguirre expuso que el ORFIS no está participando en las auditorías a las Tesorerías de los ayuntamientos de Tuxpan, Jamapa, Úrsulo Galván, y La Antigua, así como a la Comisión Municipal del Agua, de ese último municipio.

Expuso que el Congreso del Estado tiene la facultad para auditar en tiempo, a través de la Secretaría de Fiscalización, las Tesorerías municipales en donde se presuman irregularidades en el manejo de los recursos públicos.

Por lo que descartó que se trate de una cuestión política, pues añadió que todo proceso de revisión es una medida preventiva, antes de que el ORFIS inicie la fiscalización superior.

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