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Observador veracruzano

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Javier Duarte y ocho de sus presuntos cómplices fueron acusados por la PGR de blanquear más de 253 millones de pesos en una operación de compraventa de terrenos ejidales en Campeche. Ello había sido llevado a cabo a través de la empresa Consorcio Brades. Se trata de la primera investigación de la Procuraduría que se consigna contra Duarte.

De acuerdo con fuentes allegadas al caso, la orden de aprehensión librada contra el gobernador de Veracruz con licencia y compañía se basa en dos pruebas.

Una es la querella de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); otra, la declaración de Alfonso Ortega López, el abogado fiscalista que admite ser prestanombres del mandatario. La acusación que hoy tiene prófugo al priista se basa en una investigación que la Procuraduría integró en 12 días, pues la querella de la UIF fue presentada el 6 de octubre pasado, y la aprehensión, librada por un juez federal el 18 del mismo mes.

Conforme a los datos obtenidos, el organismo hacendario denunció a Duarte y sus coacusados de blanquear 253 millones 300 mil 963 pesos entre 2011 y 2016, dinero que habría pagado la empresa Inmobiliaria Brades por una parcela del ejido Lerma, en Campeche. Los terrenos pertenecen al mismo ejido donde se construyó el Campeche Country Club, un desarrollo residencial con inversiones de Carlos Mouriño Antanes, padre del fallecido secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. Sin embargo, se trata de propiedades distintas a las adquiridas por los supuestos prestanombres de Duarte. De acuerdo con la carpeta de investigación FED/SEIDF/ UEIDFF-ER/00016553/2016, el esquema de blanqueo inició con el nombramiento de Moisés Mansur Cysneiros, amigo del gobernador, y el abogado Ortega como ejidatarios.

 

Reforma